Le explico a mis ocho lectores a que me refiero. Los Gobernadores de Quintana Roo como supongo será en otros estados, han tenido por costumbre, por lo menos desde la era de Mario Villanueva, obsequiar alegremente unos días antes de terminar su mandato, Notarías y placas de taxi, desde luego estas últimas en mucho mayor número que las primeras. Y así no más, a su libre albedrío y con su dedo divino convierten de un día al otro a un funcionario de medio pelo en todo un señor notario con plenas facultades para cobrar a su antojo las mismas tarifas que un Notario bien establecido, que cuenta con suficientes credenciales y desde luego con mucho mejor preparación no solo académica, sino aquella que proveen los largos años de experiencia en la materia.

En el caso particular de los taxistas, se entregan al final de cada sexenio cientos de placas que se vienen a sumar a las existentes en cada ciudad engrosando así las filas de los cada vez más operadores del volante sin empleo.

El problema es grave, porque en Cancún por ejemplo, tenemos ya cerca de ocho mil taxistas de los cuales unos dos mil quinientos trabajan y circulan en la zona hotelera tratando de aspirar a algo del negocio turístico. En menores proporciones el escenario se repite en Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y  Cozumel que es un caso a parte y se lo platico más adelante.

Esta entrega desmedida de placas sin ton ni son, ha generado lógicamente una oferta de transporte público que supera en mucho a la demanda. En el escenario actual un turista puede optar por rentar un auto, los hay también ya incluidos en la tarifa en alguna cadena hotelera, abordar un autobus urbano, comprar una excursión con su agencia de viajes, contratar transportación privada del tipo y nivel que quiera y desde luego tomar un taxi. En adición hay que decir que ante la realidad del mercado todo incluido, los hay también quienes prefieren no salir de su alojamiento.

Esta realidad insoslayable, genera largas filas de taxistas apostados frente a los hoteles haciendo sitio, esperando por clientes que a veces no llegan. Es decir y para resumir, hay demasiados taxistas en este destino turístico y se empieza a convertir en un problema social.

Ante esta realidad los taxistas a través de sus Sindicatos han presionado a la autoridad para que limite el tránsito y la operación de las transportistas turísticas, ya que desde su punto de vista se están llevando una parte del negocio que según su óptica les pertenece, tal como ha sucedido en Los Cabos, Baja California Sur, en donde el gremio taxista con el apoyo oficial y ante la pasividad inicial de los empresarios, principalmente hoteleros, ha logrado hacerse de un control que a todas luces afecta seriamente a la imagen del destino, en vista de bloqueos a unidades turísticas de manera cotidiana, entre otros asuntos.

El problema que enfrentamos en la actualidad es que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA), que  por cierto, nunca he podido entender, como pueden estar vínculadas estas dos tan importantes asignaturas en una sola Secretaría, ha decidido iniciar acciones tendientes a favorecer un escenario similar al de Los Cabos, haciendo constantes operativos y revisiones a la unidades privadas de transporte turístico contratadas por agencias de viajes, hoteles o clubes vacacionales, con y sin turistas a bordo, argumentando una serie de elementos a veces lógicos, a veces inadmisibles y fuera de toda lógica en un franco y descarado contubernio con los taxistas. Es decir, SINTRA, una dependencia del gobierno del estado, está claramente operando al servicio del gremio taxista.

Por otra parte la autoridad estatal en turno se ha negado a otorgar licencias estatales de transporte a las empresas turísticas, dejando este privilegio única y exclusivamente a los taxistas.
Llevamos un rato ya haciendo  arreglos y componendas de mediano plazo, firmando pactos y convenios pero sin arribar a una solución de largo plazo. El tema tiene solución pero ha faltado voluntad política para llegar a ella.

El asunto no es de justicia social sino de mercado. No se puede pretender que en aras de apoyar a un gremio que ha crecido sin control, se disminuya “por acuerdo” la calidad de los servicios que vamos a prestar a los turistas. El mercado hoy exige servicios de la más alta calidad, en unidades cómodas, confortables, con operadores bilingues, que cuenten con polizas de seguro de cobertura amplia válidas en México y en el extranjero, es decir en suma una oferta competitiva.
Si el gobierno lo que pretende es llegar a arreglos para “echarle la mano” a los taxistas aunque éstos no se encuentren en el supuesto arriba descrito, lo que nos pide entonces es cambiar competitividad y calidad por justicia social.

Por otra parte, los empresarios turísticos podrían actuar con mayor responsabilidad social, pero esta no se negocia con operativos, bloqueos y amenazas.

Nuestro jóven y dinámico Gobernador actual tiene la solución en sus manos, tanto en este, como en otros asuntos igualmente importantes para la promoción y el desarrollo turístico de Quintana Roo, solo es cuestión de que se decida. Ya veremos…

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